El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. El estado de alarma se declara cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

1. a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
2. b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
3. c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
4. d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Puesto que la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para:

• Proteger la salud y seguridad de los ciudadanos
• Contener la progresión de la enfermedad
• Reforzar el sistema de salud pública.

RD 463/2020

Este Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de marzo 2020 y que entró en vigor en el momento de su publicación establece la declaración del ESTADO DE ALARMA al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. En él se detallan las medidas imprescindibles para hacer frente a la situación y que resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma, no suponiendo la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.

• Farmacias
• Supermercados
• Ópticas
• Ortopedias
• Tiendas de equipos tecnológicos y telecomunicaciones
• Tiendas de artículos de primera necesidad
• Gasolineras
• Kioscos de prensa,
• Estancos
• Clínicas sanitarias
• Locales de venta de comida animales compañía
• Tintorerías
• Entidades bancarias

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

Culturales

• Museos.
• Archivos.
• Bibliotecas.
• Monumentos.
• Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión

• Café-espectáculo.
• Circos.
• Locales de exhibiciones.
• Salas de fiestas.
• Restaurante-espectáculo.
• Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
• Auditorios.
• Cines.
• Plazas, recintos e instalaciones taurinas.¡
• Pabellones de Congresos.
• Salas de conciertos.
• Salas de conferencias.
• Salas de exposiciones.
• Salas multiuso.
• Teatros.

Deportivos

• Locales o recintos cerrados.
• Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
• Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
• Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
• Galerías de tiro.
• Pistas de tenis y asimilables.
• Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
• Piscinas.
• Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
• Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
• Velódromos.
• Hipódromos, canódromos y asimilables.
• Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
• Polideportivos.
• Boleras y asimilables.
• Salones de billar y asimilables.
• Gimnasios.
• Pistas de atletismo.
• Estadios.
• Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas

• Recorridos de carreras pedestres.
• Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
• Recorridos de motocross, trial y asimilables.
• Pruebas y exhibiciones náuticas.
• Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
• Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas

• Discotecas y salas de baile.
• Salas de juventud.
• Salones de juego.
• Salones recreativos.
• Rifas y tómbolas.
• Locales similares a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
• Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio

• Parques de atracciones, ferias y asimilables.
• Parques acuáticos.
• Casetas de feria.
• Parques zoológicos.
• Parques recreativos infantiles.
• Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión

• Bares especiales
• Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
• Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

• Tabernas y bodegas.
• Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
• Chocolaterías, heladerías, salones de té, cruasanterías y similares.
• Bares-restaurante.
• Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
• Salones de banquetes.

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

• Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
• Retorno al lugar de residencia habitual.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
• Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
• Pasear a las mascotas en un radio inferior a 150 metros del domicilio y para hacer sus necesidades, NO PARA PASEAR.

* NINGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES PODRÁ HACERSE EN GRUPO O PAREJAS.

Las sanciones por incumplimiento de las medidas de adoptadas pueden ir de los 600 € a los 600.000 €.

Según la Organización Mundial de la Salud, las medidas frente a la COVID-19 más eficaces para protegerse a uno mismo y a los demás son:

• Lavarse las manos con frecuencia.
• Cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser.
• Mantener una distancia de 1 metro (3 pies) con las personas que tosen o estornudan.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Según la OMS si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando, y la OMS insta a utilizarlas de forma sensata. La OMS aconseja hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos.

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.
2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.
4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).
5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).
6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.
7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.
8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.
9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.
10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.

Se puede prorrogar durante un año la validez de los Documentos Nacionales de Identidad que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo.

Se anulan los plazos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) anula los plazos para pedir el paro, reforzándose la atención telemática

Solicitud por Internet o por teléfono

A partir del lunes 16 de marzo las oficinas de prestaciones del SEPE no tendrán servicio de atención al público.

Se podrán realizar estos trámites por Internet y vía telefónica en los siguientes enlaces:

• Atención telefónica: http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html. En este apartado se indican los teléfonos por provincia y el nuevo horario.
• Sede electrónica SEPE: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio

Los trabajadores con COVID-19 tienen la consideración de personas de baja (con Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. Esto supone que tienen derecho a cobrar una prestación del 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. Con ello, liberamos del coste que puede suponer esta enfermedad tanto a trabajadores como a empresas.

Los trabajadores en aislamiento preventivo tienen la misma consideración que si tuvieran COVID-19, por tanto, tienen derecho también a percibir una prestación equivalente al 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. La Administración, por tanto, también se hace cargo de este coste.

Sí, todos los afectados podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo necesario para ello.

No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles prestaciones futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores afectado por un ERTE tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus

Sí, las instituciones del tercer sector también están cubiertas por este decreto y les serán de aplicación las medidas que incluye.

Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de emergencia o cuya facturación este mes caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.

No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.

Sí, la Seguridad Social permitirá a quienes no estén al día con los pagos en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, que ingresen las cuotas debidas en un plazo de 30 días. Una vez producido el pago, se podrá acceder a esta prestación.

Sí, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y hayan tenido que cerrar por la declaración del estado de alarma o hayan visto caer su facturación un 75% pueden presentar un ERTE para sus trabajadores y solicitar esta prestación extraordinaria.

Esta prestación va más allá. La prestación consiste en que quien cause derecho a la ella no solo la cobrará, sino que además no pagará las cotizaciones y se le tendrá por cotizado.

Si cesan la actividad, ¿tienen que renunciar a las bonificaciones de las que disfruten, condicionadas al mantenimiento de la actividad, como la tarifa plana?

No, en este sentido, el decreto indica que el tiempo que se perciba esta prestación extraordinaria computará como efectivamente cotizado, por lo que podrán solicitarla los autónomos que estén recibiendo estas ayudas y no perderán las bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la actividad.

Los talleres de reparación de vehículos pueden permanecer abiertos

Con relación al cobro de recibos de este Ayuntamiento correspondiente al MES DE MARZO, se comunica a los ciudadanos que:

Dada la situación creada por la declaración del Estado de Alarma y por consecuencia se derivo en el cierre de instalaciones y la suspensión de actividades de carácter municipal como Piscina, Gimnasio y CEI.

Este ayuntamiento antes del cierre de las instalaciones y suspensión de actividades ya había pasado al cobro los recibos por la prestación de los servicios.

Por lo que los servicios municipales, ante esta nueva situación para todos, esta estudiando la forma de gestionar el cobro, por lo que pide a los ciudadanos que se le haya pasado el cobro del recibo que sean comprensivos y que este ayuntamiento va actuar de la forma más justa, tratando en todo momento de no perjudicar ni a los ciudadanos ni a las familias.

Este ayuntamiento en función de la duración de la duración del estado de alarma se procederá o bien a descontar en la próxima cuota la cantidad correspondiente o bien a la devolución completa de los recibos. Se pide comprensión por la situación que nos encontrados de servicios mínimos y pedidos su colaboración en la no devolución de los recibos

Desde el momento en que el deudor pase a encontrarse en los supuestos de vulnerabilidad económica hasta 15 días después de la vigencia del Real Decreto Ley que es de un mes, prorrogable según las circunstancias. Para poner en marcha el proceso deberá presentar una solicitud a la entidad financiera que haya concedido el préstamo, acompañándola con los documentos que acreditan su situación de vulnerabilidad.

1. Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), con incrementos por hijos a cargo o familiares con discapacidad o en situación de dependencia.

3. Que la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos resulte superior al 35 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

4. Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

No, la entidad acreedora no puede aplicar intereses moratorios. La moratoria conlleva la suspensión de la deuda hipotecaria. No se pagará la cuota prevista, ni por la parte de capital ni por los intereses, “ni íntegramente, ni en un porcentaje”, establece el Real decreto. Mientras dure la moratoria, no se aplicará ni la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato ni los intereses moratorios

El pago de las cuotas se traslada hacia el futuro, de tal manera que la hipoteca se extenderá en el tiempo por el mismo periodo que haya sido efectiva la moratoria. No obstante, el deudor y la entidad acreedora podrán llegar a un acuerdo diferente.

Durante el estado de alarma, ninguna compañía podrá cortarte los suministros. El pasado martes el Gobierno aprobó un paquete de medidas económicas y laborales con el objetivo enfrentar la situación de emergencia provocada por el coronavirus. Una de esas medidas garantiza el acceso a los suministros básicos (agua, luz y gas) a todos los hogares de nuestro país.

Lo que se propone a los ciudadanos son una serie de moratorias. Es decir, prórrogas en el plazo del pago de una deuda. En otras palabras, diversas compañías que proporcionan agua, luz o gas van a flexibilizar los métodos de pago de su suministro. Las maneras que va a emplear cada empresa pueden variar: se lo pueden fraccionar en plazos sin intereses, se lo pueden aplazar hasta que pase el periodo de estado de alarma u otras formas.

Es imprescindible que durante el estado de alarma no puedan interrumpirse los servicios de comunicaciones electrónicas. En este sentido, garantizaremos el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha y la prestación del servicio universal de telecomunicaciones.

No hay moratoria como tal pero los servicios de comunicaciones electrónicas están garantizados mientras esté en vigor el estado de alarma, por lo que en ese período no pueden interrumpirse por impago.

Durante el estado de alarma se suspenden las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil, no los nuevos contratos de servicios de comunicaciones electrónicas; para aclaraciones al respecto, se deberá consultar con la empresa proveedora del servicio.

Toda aquella persona que cuente con un bono social lo verá prorrogado inmediata- mente hasta el 15 de septiembre.

La prórroga del bono social es automática desde el decreto del Gobierno. Las compañías suministradoras conocen de la obligación de aplicar la ley y por tanto no habrá problema alguno al respecto. Por ello, no es necesario notificarlo respecto del suministro de energía eléctrica, pues la empresa suministradora ya conoce ese dato y no podrá suspender el suministro. Sí debe comunicarse que se es beneficiario del bono social a las suministradoras de agua y de gas natural.

Si no es beneficiario del bono social, y cumple los requisitos para ello, se puede presentar la solicitud en la empresa comercializadora de energía eléctrica que emita la factura. En la página web del comercializador deben estar disponibles los formularios de solicitud. El procedimiento se regula en el R.D. 897/2017, de 6 de octubre.

Sí. Con las medidas de precaución necesarias para evitar el contagio, debe seguir recibiendo la ayuda, igual que si estuviera en un centro residencial. Aislamiento no significa abandono.

Al tratarse de lugares considerablemente más vulnerables es urgente medicalizar estos centros, reforzando las plantillas con personal y elementos sanitarios, con más recursos y con Equipos de Protección Individual para los profesionales de estos centros. El Ministerio de Sanidad ha dictado una orden de obligado cumplimiento para mejorar la atención y la seguridad sanitaria en todas las residencias de mayores, personas dependientes y personas con discapacidad.

Tu entidad de acogida se debe acoger a un principio de prudencia atendiendo a las circunstancias locales. Actualmente las restricciones y las instrucciones de confinamiento son muy severas en todos los países. En todo caso, hay que atender a las instrucciones de las autoridades competentes. Debes contactar con tu entidad de acogida para informar de tus dudas. Si se decide cancelar/suspender el proyecto, debe ser teniendo en cuenta las consecuencias menos negativas para todos, especialmente para las personas voluntarias, esto quiere decir: no se recomienda adoptar esa medida hasta que la persona tenga una alternativa para regresar a su país de residencia o una alternativa de residencia segura en el país de destino del voluntariado.

Tu entidad de acogida se debe acoger a un principio de prudencia atendiendo a las circunstancias locales. Actualmente las restricciones y las instrucciones de confinamiento son muy severas en todos los países. En todo caso, hay que atender a las instrucciones de las autoridades competentes. Debes contactar con tu entidad de acogida para informar de tus dudas. Si se decide cancelar/suspender el proyecto, debe ser teniendo en cuenta las consecuencias menos negativas para todos, especialmente para las personas voluntarias, esto quiere decir: no se recomienda adoptar esa medida hasta que la persona tenga una alternativa para regresar a su país de residencia o una alternativa de residencia segura en el país de destino del voluntariado.

• El cadáver debe ser trasladado lo antes posible al depósito después del fallecimiento.
• Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de aislamiento deberán tener la formación suficiente y deberán estar en número suficiente para realizar esta operación minimizando los riesgos. Todas las personas deberán estar provistas de equipo de protección individual (EPIs).
• El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado. Esta bolsa, una vez cerrada y con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar con desinfectante de usos hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de lejía con concentración 40-50 gr/ litro preparada recientemente)
• Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se puede sacar sin riesgo para conservarlo en el depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para trasladarlo al tanatorio, al crematorio o realizar el entierro.
• La Orden SND/272/2020, establece que por razones excepcionales se puede expedir la licencia de enterramiento sin que pasen 24 horas.
• No se prioriza la incineración sobre el enterramiento.
• Las Comunidades Autónomas y las Autoridades sanitarias pueden establecer medidas sobre esta materia en función de la evolución de la pandemia en cada uno de sus territorios en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Los plazos del IVTM se han ampliado hasta el 1 de junio de 2020.

No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se re- gula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abaste- cimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este Anexo.

Medidas cuantificadas por el Ministerio de Hacienda

El impacto estimado de las principales medidas aprobadas por el Gobierno es de 125.104 M€ (de los cuales, 3.945 se destinan a medidas sanitarias, 116.235 a medidas económicas, 4.299 a medidas laborales y 625 a medidas sociales).

Medidas sanitarias:

• 1.000 M€ del Fondo de Contingencia para el Ministerio de Sanidad para gastos sanitarios extraordinarios.
• Adelanto de 2.867 M€ de la actualización de las entregas a cuenta. De ellos, 1.400 M€ se pagaron el lunes 23 de marzo y se prevé que la otra mitad se pagará el 17 de abril.
• Las CCAA podrán solicitar de forma anticipada el 50% de la liquidación correspondiente a 2018, que se eleva a casi 11.000 M€.
• Aprobadas las cuantías del II Trimestre del Fondo de Financiación a CCAA en la CDGAE, inyectándose en las CCAA 2.365,75 M€.
• Autorización de más de 19M€ para la compra de material de protección, de pruebas diagnósticas, y la realización de campañas de difusión.
• 30M€ para la investigación sanitaria para ayudar a encontrar cuanto antes un remedio a esta enfermedad.

Medidas sociales:

25M€ a las CCAA para las becas-comedor.

300M€ para las CCAA para incrementar el plan concertado en servicios sociales, cuidados a domicilio o teleasistencia.

300M€ que podrán destinarse a actuaciones de protección y promoción social, utilizando el superávit de los ayuntamientos de 2019 para este fin.

Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual (art.10 del RDL 11/2020)

1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».
2. Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos.
3. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el apartado anterior, presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.
4. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los límites establecidos para este programa. A estos efectos podrán adjuntar un informe de los servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.

Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (art.11 RDL 11/2020)

1. Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».
2. Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. 3. Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas referidas en el apartado anterior y las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas y por cuenta de las mismas.

Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (art.12 del RDL 11/2020)

1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se modificará el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. Dicha modificación respetará en su integridad el programa ahora existente, pero incorporando un nuevo supuesto que posibilite destinar las ayudas a la compra de viviendas con objeto de incrementar el parque público de viviendas.
2. Podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso social.

Aplicación de las condiciones generales del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (disposición adicional 2ª del RDL 11/2020)

A los nuevos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se relacionan en el real decreto-ley 11/2020, ya sea por incorporación, sustitución o modificación, les serán de aplicación las disposiciones que, con carácter general, se regulan en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, salvo las salvedades específicas reguladas en este real decreto-ley.

Incorporación de nuevos programas de ayuda a los convenios suscritos entre el entonces Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (disposición adicional 3ª del RDL 11/2020)

Los nuevos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que se relacionan en este real decreto-ley, ya sea por incorporación, sustitución o modificación, podrán ser objeto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Podrán, por tanto, ser financiados con cargo a los fondos comprometidos por ambas administraciones en dichos convenios. A tal efecto, las Comisiones Bilaterales de Seguimiento, reguladas en el artículo 74 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, y en la cláusula decimoquinta de cada convenio que para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 suscribió el entonces Ministerio de Fomento con cada Comunidad autónoma y con Ceuta y Melilla, podrán incorporar los nuevos programas de ayuda en los reajustes presupuestarios que acuerde sobre el inicialmente previsto, entre los distintos programas, respetando siempre el marco general establecido en el convenio de colaboración y sin que las reordenaciones que se acuerden puedan suponer un incremento en las dotaciones presupuestarias a aportar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2021.

Reajustes en el reparto de los fondos disponibles en cada convenio entre los programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 sobre el reparto inicialmente previsto (disposición adicional 4ª del RDL 11/2020)

La Comisión Bilateral de Seguimiento, prevista en los convenios de colaboración que ya estén suscritos o que se vayan a suscribir entre el entonces Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidas en su caso sus eventuales modificaciones, podrá acordar reajustes en el reparto de fondos inicialmente previsto entre los distintos programas de ayuda, así como otros ajustes que resultasen necesarios, por las modificaciones que pudieran producirse en la financiación del Plan, respetando siempre el marco general establecido en el convenio de colaboración y sin que los reajustes en el reparto puedan suponer un incremento de las dotaciones presupuestarias a aportar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana en cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2021. Estos acuerdos de reajuste en el reparto de fondos entre programas se podrán producir incluso con posterioridad a la finalización del ejercicio objeto de reajuste, especialmente con motivo de la liquidación de los convenios de colaboración.

Comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (disposición adicional 5ª del RDL 11/2020)

1. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda, quedando ésta condicionada al cumplimiento de los mismos.
2. Las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla que como consecuencia de la comprobación de los requisitos con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda y, en su caso, al pago total o parcial de la misma detecten su incumplimiento, habrán de resolver la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda desde la fecha en la que se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el reintegro o devolución que procediere conforme a la normativa de aplicación.